Nota: sigo en esta entrada con el propósito de  localizar los numerosos textos de la campaña cívica por la libertad de educación de los padres, desarrollada entre los años 2006 y 2010 y en la que me comprometí de forma muy activa. Llego así a la participación en la Cátedra Calasanz 2008 de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSAL), desarrollada entre los días 25 al 27 de noviembre de 2008 bajo el título «Educación para la Ciudadanía: razones y reacciones».

Me correspondió intervenir, como presidente entonces de Profesionales por la Ética, en la Mesa 2ª sobre «Educación para la Ciudadanía en las plataformas sociales». Participaron también Lourdes Ruano (de la Universidad de Salamanca), Jesús Málaga (de Cristianos Socialistas) y Alfonso de Maruri (de la Universidad Pontificia de Salamanca) . Recuerdo bien aquel día y lo que disfruté, después del acto y hasta la hora de emprender viaje de regreso a casa, con la amistad de los padres objetores. El texto de la ponencia está publicado en el libro «Educación para la Ciudadanía: razones y reacciones» de José Manuel Alfonso Sánchez (Dir.),  en la colección Miscelánea Pedagógica, UPSAL, 2010. La misma Universidad editó una separata con el texto de mi intervención. Releyéndolo ahora veo que es un relato bastante completo de la gesta del movimiento de padres objetores a EpC hasta finales de 2008, poco antes de las controvertidas sentencias del Tribunal Supremo de febrero de 2009.

LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN LAS PLATAFORMAS SOCIALES

1. Introdución.

Cincuenta mil objeciones de conciencia, cerca de tres mil recursos judiciales, casi un centenar de plataformas sociales de padres objetores, incontables charlas informativas en centros escolares y en toda clase de espacios públicos, casi medio millón de guías y trípticos informativos repartidos por toda España…  Estas son algunas de las cifras que dan cuenta de la magnitud de un fenómeno al que, sea cuál sea nuestra postura respecto al tema de fondo que lo suscita, no puede negársele relevancia y novedad en el contexto de una sociedad civil, como es la española, a la que suele caracterizarse por su apatía e indiferencia ante todo lo que no sea el bienestar y el consumo.

La respuesta tenaz de una parte de la sociedad a la implantación de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (en adelante, EpC) tiene, ciertamente, pocos precedentes en nuestra historia reciente. Y su impacto es también incuestionable: pocas movilizaciones cívicas desde la base han  suscitado un debate de opinión pública tan amplio y prolongado como el que está acompañando a la introducción de esta nueva materia en el sistema educativo español. Una controversia que ha obligado a tomar postura y a pronunciarse a casi todos: asociaciones de padres, profesores, patronales de la enseñanza, sindicatos, administraciones, Iglesia Católica y otras confesiones religiosas, políticos, juristas, filósofos, periodistas… Nadie, en estos casi tres años, ha podido escapar a la polémica de EpC.

El fenómeno del movimiento de resistencia a EpC, articulado fundamentalmente a través del recurso a la objeción de conciencia, es, sin embargo, controvertido en sí mismo. Respetado o admirado por muchos, no han faltado quienes lo han etiquetado como una reacción incomprensible y desproporcionada, nacida de la ignorancia, ante lo que se ha querido presentar, de manera reduccionista, como una ineludible consecuencia de la tan socorrida “homologación” europea.  ¿A qué viene tanta alarma por unas asignaturas que tan sólo quieren “educar buenos ciudadanos” como desde hace años viene haciéndose en Europa?.

Otros se han empeñado en asociar al movimiento objetor con  los propósitos e intereses, más o menos transparentes, de determinadas instituciones. La realidad, sin embargo, se va encargando de ir desmintiendo, día a día, los tópicos y la  propaganda.

Los hechos revelan que los verdaderos protagonistas del movimiento objetor a EpC son los padres de familia y que su convicción de que están defendiendo cuestiones fundamentales es muy sólida. Miles de padres que desde una sencillez y una espontaneidad capaces de conmover a cualquiera que mire sin perjuicios, actúan respondiendo  a EpC por un profundo y elemental sentido de su dignidad y coherencia como padres. No pretenden imponer nada a nadie ni dejan de respetar a quien no comparta sus puntos de vista. Pero ellos están convencidos de que por los hijos y por la libertad merece la pena afrontar cualquier dificultad o incomprensión. Para ellos su resistencia a la imposición de estas asignaturas es sólo cuestión de conciencia, es cuestión de libertad.

Padres que, además, han ido descubriendo a lo largo de su campaña que sus temores iniciales respecto a las nuevas asignaturas estaban sobradamente fundados y que no había alarmismo ni exageración en su postura. Que a medida que la implantación de EpC ha ido avanzando se han podido constatar con aun más claridad las verdaderas implicaciones de las asignaturas[1]. Que han podido confirmar la vinculación de estas asignaturas con un proyecto cultural e ideológico de largo y profundo alcance para la sociedad española que el propio Presidente Rodríguez Zapatero hacía explícito al periodista Suso del Toro:

“Si hay algo que caracteriza a esta etapa de gobierno es que hay un proyecto. Precisamente porque hay un proyecto hay una resistencia tan inútil como activa de la derecha más dura, porque saben que hay un proyecto. Se han dado cuenta de que hay un proyecto de alcance en valores culturales, y por tanto ideológicos, que pueden definir la identidad social, histórica, de la España moderna por mucho tiempo”[2].

Y sólo ese sentido estratégico de EpC puede explicar la dureza y la intolerancia con la que la controversia ha sido abordada desde los poderes públicos. Es, en efecto, muy llamativo que a lo largo de estos años de polémica sobre EpC la habitual retórica de la clase política sobre el diálogo, la tolerancia y respeto al pluralismo y las minorías, no se haya aplicado en ningún momento, ni siquiera como hipótesis de solución, a estos padres disidentes de la tiranía del pensamiento único y lo políticamente correcto.

Por algún motivo el poder se juega mucho con esta EpC. Sólo este carácter “esencial” de las asignaturas de EpC puede  explicar la arrogancia, las amenazas y el desprecio que los  padres objetores vienen sufriendo durante todo este tiempo.

Con EpC está en juego un nuevo e importante paso para  la consolidación, también en la escuela, de un proyecto ideológico y cultural implacablemente dirigido, a través de la acción legislativa y de una formidable manipulación del lenguaje, a cambiar a toda costa la mentalidad de los españoles en base a los “nuevos” dogmas emancipadores: el laicismo, el relativismo y la ideología de género. Un proyecto de reingeniería social que se está implantando de arriba a abajo con la alianza de importantes grupos mediáticos y en el que la sociedad civil cuenta poco y el Estado y las oligarquías de los partidos y sus correas de transmisión ocupan ya casi todo.

Este contexto explica que se haya podido decir que el conflicto de EpC es en realidad un enfrentamiento entre Goliat y un pequeño ejército de “davides”, los padres de familia, que han descubierto ese “poder de los sin poder” al que se refería, desde su propia experiencia en la revolución checa de terciopelo, Vaclav Hável[3].

Merece por eso la pena recorrer aquí, si quiera sea de manera muy sucinta, los principales hitos de la historia del movimiento objetor a EpC así como las claves que pueden ayudar a explicar su novedad y su éxito.

2. Orígenes del movimiento objetor a EpC.

Los antecedentes de la contestación social a EpC pueden encontrarse en el 12 de noviembre de 2005. En esa fecha una multitudinaria manifestación, como quizá pocas se recuerdan, recorría el Paseo de la Castellana de Madrid para expresar el rechazo de una buena parte de la comunidad educativa y de la ciudadanía en general al proyecto de Ley Orgánica de Educación. Allí estaban, casi con seguridad, la mayor parte de los padres que después se declararían objetores de conciencia a las nuevas asignaturas de EpC que la LOE implantaba.

En la primavera de 2006, ya aprobada y publicada la LOE, empezaron a conocerse los primeros borradores del desarrollo de los contenidos obligatorios de EpC[4]. La entidad que represento,  Profesionales por la Ética, solicitó en esas fechas entrevistarse con la entonces ministra de Educación, Mª Jesús San Segundo, para transmitirle su preocupación por el planteamiento de estas enseñanzas. Y es que, según se iba conociendo a través de los sucesivos borradores, los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de EpC superaban, como el propio Consejo de Estado se había ocupado de advertir[5], los límites de la Constitución española y de las recomendaciones europeas sobre educación de la ciudadanía para invadir ámbitos propios del pluralismo social en materia moral.

La mencionada entrevista nunca fue concedida y esta negativa marcaría todo un talante en relación con la implantación de la asignatura: la actitud del no diálogo con quienes se mostraban críticos con los planes del Ministerio de Educación. Un estilo que ha representado una constante durante todo este tiempo.

Por esas mismas fechas un grupo de madres de Bullas (Murcia), se propuso informar al resto de padres del pueblo sobre la amenaza que para ellas EpC suponía y que habían creído detectar tempranamente en un premonitorio artículo que Peces-Barba publicó en el diario El País apenas iniciada la primera legislatura socialista[6]. Tal vez a estas anónimas madres murcianas corresponda el mérito de haber iniciado un movimiento de padres extendido hoy por toda España y que llega también a los padres del centro español de Lisboa.

Meses después, el 9 octubre de 2006, Profesionales por la Ética, Foro Español de la Familia, Hazte Oír, Asociación Nacional para el Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC) y el Centro Jurídico Tomás Moro, presentaron a los medios de comunicación el Observatorio para la Objeción de Conciencia a EpC. Y ocho días después, el 17 de octubre, un total de treinta entidades de la sociedad civil respaldaban la presentación de Los padres elegimos[7], una guía informativa que desde entonces ha alcanzado una amplísima difusión y en la que se explicaba en qué consistían las nuevas asignaturas y qué cabía hacer ante ellas.

Las primeras objeciones a las polémicas materias fueron fruto de la labor que llevaron a cabo personas de algunas de las entidades referidas y que ya entonces empezaban a recorrer España dando charlas a padres  -son cientos las que se dieron sólo en los seis primeros meses de 2007- distribuyendo materiales de información o resolviendo dudas por teléfono y correo electrónico prácticamente todos los días durante 24 horas, especialmente para padres de las Comunidades Autónomas en las que la asignatura se empezaba a impartir en el curso 2008-2009.

En abril de 2007 se presentaban, en Toledo y Madrid respectivamente, las primeras objeciones de conciencia a EpC, sin saber muy bien qué consecuencias tendría esta decisión ni cuál sería la respuesta de las administraciones, de las que se esperaba, al menos, respeto a la libre decisión de los padres sobre la formación moral de sus hijos, amparada en la Constitución y las declaraciones internacionales de derechos humanos suscritas por España.

A medida que la información fue llegando a los padres, el número de objeciones iba en aumento y la prensa daba cuenta de la aparición de los primeros objetores de cada provincia o comunidad autónoma: el 16 de mayo en Sevilla, el 4 de junio en Murcia, el 11 de junio en Jaén y Ciudad Real…. En junio la prensa contabilizaba ya 1.040 objeciones.

Comenzaron después las objeciones masivas en distintos puntos de España. Grupos de padres de un mismo colegio o localidad presentaban juntos su declaración de objeción. Especialmente llamativa fue la iniciativa de un grupo de padres de Lucena (Córdoba) que decidieron constituir la que sería primera plataforma de padres para luchar juntos por la libertad para educar a sus hijos. El 13 de junio de 2007, la Plataforma Lucentina por la Libertad de Educación presentaba en rueda de prensa 300 objeciones correspondientes a doce centros educativos y establecía un método de resistencia que siguieron después otras muchas agrupaciones de padres.

La presentación masiva de objeciones siguió en Valdemoro, El Puerto de Santa María, Chiclana,  Jerez de la Frontera, Vigo, Canarias, Albacete, Segovia… lugares en los que grupos de padres  -e incluso, a veces, padres en solitario-  decidieron echar a sus espaldas, sin que nadie se lo pidiera, la información a otros padres, la coordinación de la entrega de objeciones y el envío de notas de prensa a los medios locales.

Toledo, por su parte, tomaba la delantera nacional en  número de objeciones al registrar en poco tiempo cerca de 1.500 en la provincia.  En Madrid un importante espaldarazo a la objeción vino de la mano del colegio Monte Tabor de Pozuelo de Alarcón, en el que  el 90% de los padres presentó su declaración de objeción para que sus hijas no entrasen en clase de EpC. Lo mismo sucedió en Talavera de la Reina, donde en el colegio de la Compañía de María las alumnas hacían cola en secretaría, a la hora del recreo, para que les sellaran el escrito de objeción.

Todas estas iniciativas, que poco a poco se fueron multiplicando por toda España, estaban marcando los primeros pasos del movimiento objetor a EpC y hubiera sido un buen momento para que el Ministerio y las diferentes administraciones educativas buscasen una solución dialogada a un conflicto que se iba extendiendo.

Como es sabido, no fue precisamente esta la respuesta de las administraciones. En Castilla-La Mancha, que fue la primera Comunidad  en tomar una iniciativa formal que fue más allá de las descalificaciones públicas de los padres objetores, se envió a todos los directores de los centros educativos una circular en la que se les «informaba» de que la asignatura de EpC era obligatoria y que no cursarla implicaba el suspenso, la no promoción y la no titulación. Este escrito dio lugar a la que sería también la primera acción judicial de los padres, que entendieron el acto de la administración castellano-manchega como un delito de obstrucción al ejercicio de los derechos fundamentales.

En Andalucía no faltaron tampoco las amenazas y presiones. La Consejería de Educación se apresuró a declarar, contradiciendo su propia normativa, que los niños que no asistieran a clase de EpC serían considerados absentistas, con todas las consecuencias académicas y legales que ello pudiera conllevar.

Desde el Ministerio de Educación la postura no era muy diferente. El 13 de junio de 2007, Alejandro Tiana, Secretario General de Educación, afirmaba en rueda de prensa que los alumnos cuyos padres objetaran a EpC no podrían pasar de curso. Y el mismo día, en el Congreso de los Diputados, la Ministra de Educación, Mercedes Cabrera, sentenciaba que no cursar EpC a «impediría a los estudiantes la obtención de los títulos académicos correspondientes».

La postura oficial, poco fundada desde el punto de vista de la legislación académica, tendría que ser rectificada apenas un mes después. El 18 de julio, Mercedes Cabrera rectificaba las anteriores declaraciones y afirmaba que el futuro de los alumnos que presentasen objeción de conciencia a las asignaturas de EpC sería decisión de las comunidades autónomas.

También en julio de 2007, durante el Debate sobre el Estado de la Nación, José Luis Rodríguez Zapatero hizo una encendida defensa de EpC, mostrando su completa incomprensión hacia los padres que se oponían a las nuevas asignaturas. Con ese motivo, un grupo de madres objetoras escribió al palacio de La Moncloa solicitando entrevistarse con el presidente del Gobierno para explicarle personalmente por qué habían objetado; nunca obtuvieron respuesta.  Así se estrenó la que luego sería Plataforma de Madres Objetoras.

3. Curso 2007-2008: se extienden las plataformas de padres objetores. EpC en el laberinto judicial.

Mientras nacían agrupaciones de padres y aumentaba el número de objeciones, daba comienzo el primer curso escolar en el que EpC era ya obligatoria para los alumnos de 3º de la ESO. Se empezaban así a conocer los libros de texto y los contenidos reales de las nuevas materias escolares. El periódico El País, en su edición de 25 de septiembre de 2007, introducía un reportero en la primera clase de EpC para alumnos de 3º de ESO de un colegio público de Barcelona y la transcribía así:

“Hasta ahora parece que lo más normal es que un chico se sintiera atraído por una chica y al revés. Pero alguien del sexo masculino se puede sentir atraído por otro del mismo sexo. Y lo mismo el sexo femenino. ¿Os parece bien?”, inquiere el profesor. “Sí”, se escucha. Y el profesor da este argumento: “El sexo es una cosa y la preferencia sexual puede ser otra”.

“¿Conoces a algún chico que le gusten los chicos?”, pregunta el profesor a un alumno. “No, pero que haga lo que quiera”, replica el chico. Y luego se dirige a una chica: “¿Sabes de alguna amiga tuya que le gusten las chicas?”, le pregunta. “Tengo dos amigas que les gustan las chicas. Me parece perfecto. Que hagan lo que quieran”, dice sin cortarse ni un pelo”.

 El mismo periódico y otros diarios nacionales se hacían eco, en los correspondientes reportajes, de la diversidad ideológica de los libros de texto de la asignatura. Por su parte, los padres empezaban a contar en los medios lo que realmente sucedía en clases de EpC en diversos puntos de España.

En los Colegios Abat Oliba de Barcelona el 90% de los padres de alumnos presentaban objeción de conciencia a EpC. Además, la dirección de los centros declaró públicamente que no iba a impartir una asignatura que contradijera su ideario. La Generalidad de Cataluña amenazó inmediatamente a los citados colegios con retirarles la autorización para impartir la enseñanza secundaria.

El Gobierno y Comunidades Autónomas como Navarra, Cantabria, Aragón, Asturias, Andalucía y Castilla-La Mancha se declaraban ya abiertamente hostiles contra la objeción. La amenaza constante era que el alumno que no cursara EpC no obtendría el título de ESO. En Andalucía eran frecuentes las llamadas a los padres que habían objetado instándoles a que se llevaran a su hijo durante la clase de EpC; en otras ocasiones se acusaba a los padres de fomentar el absentismo escolar de sus hijos.

También con el principio del nuevo curso empezaban a llegar las denegaciones formales de la objeción en varias Comunidades Autónomas. Con ellas se iban difundiendo también a través de las redes de padres, fuertemente apoyadas ya en internet, cientos de historias particulares de padres que a pesar de las coacciones para que sus hijos entraran en clase se reafirmaban en su postura ante la evidencia de que verdaderamente era mucho lo que estaba en juego y que merecía la pena seguir adelante hasta el final. Había ya un sentimiento de que, pese a la incomprensión y el desprecio de muchísimos, se  estaba escribiendo un capítulo importante de la historia de la libertad de educación y de conciencia en la España del siglo XXI.

Tras las primeras denegaciones de objeciones empezó el laberinto judicial: los padres optaban por defender su derecho a la educación moral de sus hijos en los tribunales. Empezaron así los recursos previos ante la administración, los poderes notariales, los recursos judiciales…y entró en escena una red de procuradores, abogados y notarios, todos ellos trabajando de manera gratuita y desinteresada, dispuestos a apoyar con su dedicación profesional a los padres objetores.

En este panorama, las plataformas de objetores se convirtieron en la pieza clave de la resistencia cívica. Si en octubre de 2007 eran 16, en junio de 2008 llegaban a 54 y en diciembre del mismo año alcanzaban las 73. Las plataformas se fueron configurando de manera autónoma e independiente pero con una clara unidad en los criterios y objetivos.

Cada  plataforma definía su propia forma de hacer las cosas, con un nombre, un logotipo, un estilo y un equipo humano en el que cada cual aporta lo que sabe y lo que tiene. Y así fueron apareciendo las plataformas de Cartagena, Soria, San Fernando (Cádiz), Aragón (Zaragoza y Huesca), Ferrol, País Vasco, Cáceres, Valencia, Córdoba, Jaén, La Rioja, Málaga, Murcia….Cada una con su pequeña historia, sus ilusiones, sus anécdotas y sus malos ratos. Pero, sobre todo, con sus protagonistas de carne y hueso: Ángela, Paco, Pedro, Belén, Marisa, Teresa, Fermín, Manolo, Fernando, José Carlos, Mª Luisa, Luis y Mamen, Arturo… padres sin ninguna experiencia en el trabajo cívico pero con una generosidad y un compromiso a prueba de todo.

Las plataformas han contado también desde el principio con el apoyo de diversas asociaciones y entidades de carácter nacional contrarias a la forma en que el Gobierno había desarrollado EpC. Estas entidades han sabido ejercer una labor subsidiaria que ha proporcionado formación, soporte jurídico, documental y de prensa a las plataformas de padres objetores, siempre sólo en la medida en que lo han necesitado hasta disponer de sus propias capacidades. Fruto de esta acción subsidiaria han sido los seminarios de formación teórica y práctica, un buen número de publicaciones  o los primeros pasos de la red de juristas a la que ya se ha hecho mención y que tan decisiva está resultando en la fase judicial de la defensa del derecho de los padres.

Significativa es también la utilización de un lema y una imagen comunes que han dado identidad al movimiento objetor, a pesar de su diversidad y de su carácter fuertemente autogestionario. El lema Tus hijos, tu decisión y el cartel rojo oscuro con la imagen de la niña  Teresita está marcando, en mayor o menor medida, las actividades de un buen número de las plataformas de padres.

En febrero de 2008 tuvo lugar en el colegio Monte Tabor de Pozuelo de Alarcón (Madrid) el I Encuentro Nacional de Objetores de Conciencia. Es aquí donde por primera vez los protagonistas de esta movilización social se conocieron personalmente, compartieron experiencias, ilusiones y esperanzas. A pesar de la diversidad de los orígenes pudo constatarse un sentimiento de unidad en todo el movimiento y una determinación compartida para seguir adelante. En este Encuentro se dio a conocer un vídeo y una canción que se hicieron pronto muy populares entre los padres objetores y que son el origen del lema indiscutible del movimiento: “Ni un paso atrás”.

En la primavera de 2008, el movimiento objetor siguió creciendo y extendiéndose por toda España. Castilla y León, que hasta entonces parecía aletargada, despertaba con fuerza y a la plataforma de Soria seguirían León y Valladolid. El número de objeciones en Castilla León creció rápidamente y pronto despuntaron nuevas plataformas en Salamanca, Zamora, Burgos, Palencia, Segovia y Ávila que tendrían un  protagonismo fundamental para la consolidación del movimiento en su Comunidad y en toda España.

En plena efervescencia del movimiento objetor, a principios de marzo de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó la primera sentencia sobre la objeción a Educación para la Ciudadanía favorable a unos padres de Bollullos Par del Condado (Huelva).  Mª Dolores, la madre, explicaba así en los medios de comunicación sus razones para objetar:

“No queremos que el Gobierno de turno imponga unos valores diferentes a los nuestros. La asignatura aborda algunos temas que competen a los padres. Yo respeto todas las ideas pero tengo derecho a educar a mis hijos según mis convicciones. Cuando nos enteramos de cómo era la asignatura y cómo se metía en nuestras vidas; cuando vimos cómo pensaba el Gobierno de turno adoctrinar a nuestros hijos, no nos pareció bien.”

 La sentencia, a unos días de las elecciones generales de 2008, tuvo un enorme impacto mediático. Era una esperanza en la batalla de la gente corriente, que ya había presentado 27.000 objeciones y que había visto como los tribunales superiores de Cataluña y Asturias negaban la viabilidad de la objeción a EpC.

Se produjo a partir de ese momento una intensificación de la ya considerable polémica de EpC. Por un lado, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, declaraba en plena campaña electoral de las elecciones autonómicas que reconocería las objeciones a EpC y apoyaría a los padres de manera que no tuvieran que acudir a los tribunales para defender su derecho a objetar.

De otra parte, las declaraciones de objeción se multiplicaron por toda España, llegándose a registrar 100 diarias. En abril de 2008 el Tribunal andaluz volvió a dar la razón a alumnos que todavía no cursaban las asignaturas de EpC. Se respaldaba así que la objeción pudiera presentarse por todos los hijos menores, independientemente de su edad y curso académico.

También en Madrid proliferarían muy pronto las plataformas de padres objetores, demostrando una especial audacia en la difusión de la información y la propuesta de vía de la objeción de conciencia como la más evidente y eficaz.

Ese mismo mes de abril se presentó en Madrid http://www.objetores.org, un portal de Internet que combina noticias con foros y soporte documental. Pronto se convirtió en la herramienta imprescindible y común para todos los objetores y plataformas de padres.

El mes de mayo de 2008 y tendiendo al recurso presentado por cinco padres sevillanos contra el Decreto que desarrollaba las asignaturas de EpC en Andalucía, el Tribunal Superior de esa Comunidad dictaba una sentencia en la que confirmaba el carácter ideológico de las asignaturas; además, declaraba nulos algunos de sus contenidos.

Al final del curso 2007-2008, en un momento de fuerte presión política tras la formación del nuevo Gobierno de Rodríguez Zapatero, la dirección nacional del Partido Popular declaró su apoyo a los padres objetores a EpC y a las asociaciones críticas con este conjunto de asignaturas. Sin embargo, las declaraciones no venían acompañadas por la práctica ya que los gobiernos de Comunidades Autónomas en las que este partido gobernaba directa o indirectamente (como La Rioja, Castilla y León y Navarra) no reconocían el derecho de los padres a objetar, lo que obligaba a éstos a acudir a los tribunales de justicia apoyados en la generosidad y el desinterés de un buen número de abogados y procuradores.

En ese contexto, las plataformas y las entidades nacionales que les apoyaban comenzaron a desarrollar una intensa labor de presión sobre las Administraciones autonómicas. Se multiplicaron las entrevistas con cargos públicos de las Comunidades más receptivas a la objeción y, al mismo tiempo, se presionó desde los medios de comunicación nacionales y regionales. Con frecuencia esa labor se veía respaldada por correos electrónicos de numerosas personas que escribían a los consejeros de Educación.

Mientras en La Rioja los padres objetores acudían a los tribunales, la Justicia volvía a dar la razón a los objetores de Huesca y Zaragoza, que obtenían las primeras medidas cautelares favorables a los padres.

El final del curso 2007-2008 finalizaba con 41.107 objeciones registradas, 92 entidades que apoyaban y promovían la objeción, cientos de recursos judiciales presentados por los padres y casi una veintena de fallos judiciales (entre sentencias y autos de medidas cautelares) que confirmaban los argumentos de los padres objetores frente a esta EpC.

Con los alumnos ya de vacaciones, Julio resultaría especialmente intenso desde el punto de vista judicial. El día 9 se conocían las tres primeras sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, favorables a padres que habían objetado a EpC. Las resoluciones judiciales riojanas -que llegarían a 21 a lo largo del mes de julio- consideraban que las asignaturas vulneran la libertad ideológica y el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones.

4. Curso 2008-2009: la consolidación del movimiento. Mayoritario apoyo de los jueces a los padres objetores.

Con el inicio del actual curso académico 2008-2009, en el que EpC se ha implantado ya en toda España, las promesas incumplidas de los políticos, la falta de coherencia y las palabras vacías no han desalentado a las plataformas de padres. Así, el Gobierno autonómico de Castilla y León, en manos del PP,  parece seguir al pie de la letra los pasos marcados el curso anterior por la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE y los objetores castellanoleoneses no han tenido más opción que empezar en septiembre de 2008 la vía judicial.

Por su parte, el gobierno de La Rioja, que seguía obligando a los padres objetores  a continuar con los procedimientos en los tribunales,  incumpliendo así sus propios compromisos,  se ha visto obligado por la presión de los padres a declarar a cada uno de los alumnos objetores «exento del deber de asistir a las clases de las asignaturas englobadas bajo el término Educación para la Ciudadanía y de ser evaluado de las mismas». Es la primera Administración educativa que aplica directamente la Constitución reconociendo el derecho de los padres a objetar sin acudir a los tribunales.

En el reciente inicio del nuevo curso y a pesar de las 45. 376 objeciones presentadas y los casi 500 procedimientos judiciales en curso, calificados en septiembre de 2008 por el propio Abogado General del Estado como de “acoso al Gobierno”, Mercedes Cabrera, Ministra de Educación, sigue afirmando públicamente que EpC se había implantado con «absoluta normalidad».

Pero esta pretendida normalidad de la situación educativa se ha visto cuestionada día a día en la prensa. A mediados de septiembre de 2008 un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Albacete dictaba un Auto de medidas cautelares que eximía a 52 niños de cursar las asignaturas de EpC y en estas últimas semanas se han incrementado las objeciones y se han creado nuevas plataformas de padres objetores en Madrid, Cádiz, Lugo y Murcia. En Portugal, un grupo de españoles que llevaba a sus hijos al Instituto Español de Lisboa decidió objetar y crear la Plataforma Portuguesa por la Libertad de Educación. La abierta hostilidad de la Embajada de España no ha tardado en llegar.

También en octubre y en las primeras semanas de noviembre se han celebrado encuentros provinciales y regionales de objetores en Cádiz, Madrid –en este caso, de estudiantes-, Barcelona, Alicante, Cantabria y Murcia. Estos actos representan un nuevo impulso a pesar de que son encuentros organizados por padres y madres de familia sin medios ni experiencia, pero rebosantes de esperanza, fuerza y coraje.

5. Conclusión: ciudadanos activos, responsables y críticos. 

Las asignaturas de EpC han ocupado el centro de una intensa polémica que ha captado prácticamente toda la atención social sobre las cuestiones educativas en los últimos dos años. Cabe preguntarse, como muchos lo han hecho, si ese debate tiene sentido cuando nuestro sistema educativo agoniza por razones estructurales graves que comprometen directamente su calidad, según están señalando de manera constante los informes internacionales.

Coincidimos plenamente en que el foco del debate educativo debiera dirigirse a otras cuestiones que no son precisamente EpC.  Pero no conviene olvidar dos consideraciones importantes: no han sido los padres, sino el Gobierno y la administración educativa quienes se han  empeñado en imponer, sin ningún tipo de consenso previo, estas asignaturas. En segundo lugar, un examen riguroso del específico desarrollo de los contenidos de EpC justifica sobradamente una respuesta social vigorosa en defensa de los derechos fundamentales.

Podrá compartirse o no el punto de vista de los padres objetores, pero viendo las casi trescientas resoluciones judiciales que les han dado la razón lo que no puede negarse es que los padres tienen sólidos argumentos para provocar un debate como este y que en estas condiciones denota muy poca sensibilidad social imponer estas asignaturas.

Cuestiones como la libertad de conciencia, la titularidad del derecho a la educación de los hijos, la existencia o no de una moral estatal común obligatoria para todos, la separación entre moral pública y moral privada, etc. no son precisamente anécdotas de las que se pueda prescindir en una sociedad madura, participativa y crítica con el poder.

Por estas razones creo que el debate sobre EpC está plenamente justificado, aunque ciertamente nunca el Gobierno debiera haberlo provocado con una iniciativa que está fuera de lugar en una sociedad democrática que respeta los derechos fundamentales de todos como su presupuesto más básico. Mejor hubiera hecho si respetando la libertad de educación  -tal y como corresponde de acuerdo con el art.27 de la Constitución- y dejando a un lado su ideología,  hubiese abordado desde el principio las prioridades de nuestro sistema educativo sobre las que existe un claro consenso social y político: el fracaso escolar y la calidad.

Y creo también que los padres objetores, lejos de esa imagen que, frívola o maliciosamente, se ha querido dar de ellos como “insumisos”, “boicoteadores” o “ignorantes”, nos están dando una lección de verdadera ciudadanía activa y responsable. Algún día les tendrá que ser reconocido; es sólo cuestión de tiempo y justicia porque para ellos, para el movimiento objetor a esta EpC,  parece estar escrita la reflexión del disidente checo Václav Havel:

“¿No nacen, viven y mueren estos grupos bajo la presión de necesidades auténticas y concretas, sin el lastre de una tradición vaciada de sentido?. Su aspiración a una vida en la verdad articulada y su sentido de la responsabilidad superior, no es acaso, en medio de una sociedad indiferente, el signo de un comienzo de una reconstrucción moral?”[8].

Jaime Urcelay

[1] Entre los primeros análisis de EpC que circularon entre los padres y que resultaron decisivos para la orientación intelectual del movimiento objetor, cabe citar los siguientes: BLANCO, B. y GARCÍA, R. (2007): Educación para la Ciudadanía. Los contenidos inaceptables, Foro Español de la Familia, Madrid; CARBAJOSA, I.(2007): Educación para la Ciudadanía. Presupuestos antropológicos y culturales, s/e, Madrid; JARIOD, C. (2007): Educación para la Ciudadanía: un reto, una oportunidad, Asociación Educación y Persona, Toledo; MARTÍ, M. (2006): La “Educación para la Ciudadanía” en el sistema de la Ley Orgánica de Educación (una reflexión desde la libertad religiosa), Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, 10 de febrero de 2006; PRESENCIA CRISTIANA (2007): Valoración y juicio sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía, Asociación Presencia Cristiana, Toledo;  PROFESIONALES POR LA ÉTICA (2007): Educación para la Ciudadanía: una moral de Estado obligatoria. Informe sobre los contenidos mínimos de la asignatura para la ESO, Profesionales por la Ética, Madrid; URCELAY, J. (2006): Antropología subyacente en el currículo del área de Educación para la Ciudadanía, Profesionales por la Ética, Madrid. Asimismo debe señalarse el impacto de los numerosos pronunciamientos de los obispos españoles sobre el tema, entre los que destacan los documentos aprobados por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal: La Ley Orgánica de Educación (LOE), los Reales Decretos que la desarrollan y los derechos fundamentales de padres y escuelas (28 de febrero de 2007) y Nueva Declaración sobre la Ley Orgánica de Educación (LOE) y sus desarrollos: profesores de religión y “Ciudadanía” (20 de junio de 2007).

[2] Del Toro, S. (2007): Madera de Zapatero. Retrato de un Presidente¸ RBA, Barcelona, pág. 151.

[3] Havel, V. (1990): El poder de los sin poder, Ediciones Encuentro, Madrid. A los padres objetores bien puede aplicarse la reflexión del disidente checo.

[4] Los sucesivos borradores corresponden a 6 de junio, 13 de julio y 30 de octubre de 2006 y fueron elaborados por una comisión nombrada por el Ministerio de Educación en la que no hubo representantes de los padres de familia ni voces claramente críticas con la asignatura. Estos borradores fueron precedidos del proyecto “Educación para la Ciudadanía”, elaborado por la Fundación Cives y la Universidad Carlos III y entregado a las autoridades del Ministerio el 10 de marzo de 2005. Su enfoque resultaría decisivo para el desarrollo de las asignaturas.

[5] Dictamen del Consejo de Estado 2521/2006, de 21 de diciembre de 2006, sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

[6] La educación en valores, una asignatura imprescindible, El País, edición nacional de 22 de noviembre de 2004.

[7] PROFESIONALES POR LA ÉTICA (2006): Educación para la Ciudadanía: los padres elegimos. Guía para la Objeción de Conciencia, Profesionales por la Ética, Madrid. Hasta la fecha se han realizado once ediciones de esta guía con cerca de doscientos mil ejemplares difundidos. Esta guía tiene su complemento en otras dos guías, también elaboradas y publicadas por Profesionales por la Ética: 10 Motivos para rechazar Educación para la Ciudadanía, editada por primera vez en 2007, y Objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía. Guía jurídica, cuya primera edición es de 2008.

[8] Havel, V.: op.cit., pág. 132