El “Pin Parental” y la batalla por la cultura

El nuevo escenario provocado por el resultado de las elecciones andaluzas, con la imprevista irrupción de Vox, afecta no solamente a lo político. Tiene una dimensión cultural de la mayor importancia que, en un contexto de omnipresencia de los partidos, impacta en el sistema de vigencias de la sociedad española.

La tormenta política y mediática a la que asistimos desde el pasado 2 de diciembre me parece una prueba de la realidad de esa perspectiva. Aunque a los guardianes del sistema no les guste, en España parece haberse abierto una opción de diálogo libre sobre temas cerrados con los siete sellos casi apocalípticos de la “unanimidad” y la corrección política. Se abre también así una oportunidad de recuperar posiciones en la batalla cultural, que es la verdaderamente decisiva. Una batalla en la que hasta ahora ha arrollado, de manera implacable y ya sin apenas resistencia, la dogmática neomarxista.

La libertad de educación de los padres, por ejemplo

Uno de los principios culturales sobre los que se asienta nuestra vida colectiva es el que reconoce que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Recogido explícitamente en las declaraciones internacionales de derechos humanos y en la Constitución española, no hay, aparentemente, un cuestionamiento razonado, abierto, frontal, de este principio. O si lo hay es de forma todavía marginal, por boca de algunos representantes de Podemos, a los que al menos hay que agradecerles su claridad.

Pero lo que sí lleva tiempo en marcha es una estrategia indirecta, impulsada por la “izquierda cultural” con la pasividad –y no pocas veces, complicidad- de la “derecha gestora”, que va a hacer inviable en la práctica la libertad de los padres para educar a sus hijos según sus convicciones, sustituyéndola poco a poco por una nueva “vigencia”: los poderes públicos son los primeros titulares del derecho a la educación de los futuros ciudadanos; la participación de los padres queda solo como una interesada concesión.

Por eso, y al hilo de lo que decía sobre las potencialidades culturales del nuevo escenario político, es muy interesante observar algunas de las reacciones producidas en los medios de comunicación ante la inclusión por Vox del llamado “Pin Parental” en su documento de propuestas para la negociación del nuevo gobierno de Andalucía y sobre lo que finalmente ha quedado plasmado en el acuerdo de 9 de enero de Vox/PP, que, en este aspecto, es esencialmente lo mismo.

Es cierto que todo está de antemano teñido de la consigna de demonización de Vox, pero son llamativos los aspavientos y el rasgado de vestiduras de los medios ante lo que consideran, por ejemplo, una “excentricidad” (noticia de El País); “la forma con la que los padres podrían proteger a sus hijos de una socialización que consideran hostil” (Rafa Latorre en El Mundo); o una suerte de “censuras previas”, promovidas por “familias ultracatólicas”, a las actividades de los centros educativos (Marina Alías en Vozpopuli).

Lo que el Tribunal Supremo falló en 2009

Ya sabemos que lo que predomina ahora en determinados medios no es precisamente el servicio a la verdad, pero no parece muy difícil interpretar, a nada que se preste atención, que lo que ha propuesto Vox sobre libertad educativa no es más que una expresión del contenido del artículo 27.3 de la Constitución.

El “Pin Parental” o “Solicitud de información previa y aceptación expresa de actividades complementarias” no es, en efecto, más que una simple herramienta práctica, lanzada en 2014 por la asociación Profesionales por la Ética y después difundida, entre otros, por la Plataforma por las Libertades y más recientemente por el partido Vox, para que los padres hagan valer su derecho/deber de primeros educadores de sus hijos ante la proliferación de un cierto enfoque moral de talleres de “educación afectivo-sexual”, que muchos no compartimos y que han recibido un fuerte impulso con las recientes leyes LGTBI.

Las polémicas sentencias de 11 de febrero de 2009, por las que el Tribunal Supremo puso fin a la controversia judicial por las asignaturas de Educación para la Ciudadanía, fallaron literalmente que, pese al carácter curricular de dichas materias, “no autorizan a la Administración educativa, ni a los centros docentes, ni los concretos profesores a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidos”.

¿Por qué se rechaza de plano la propuesta de Vox?

Teniendo en cuenta estas sentencias del Supremo y lo que las diferentes reglamentos e instrucciones autonómicos establecen sobre el papel de los padres en la programación de las actividades complementarias de los centros educativos, ¿es tan “extravagante” o tan “ultracatólico” lo que propuso Vox en la negociación y que finalmente aparece –ya sin el prescindible nombre de “Pin Parental”- en el acuerdo de este partido con el PP? Esta es, recordémoslo, la literalidad del punto 13 del pacto:

“Garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos y permitiendo que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones”.

Saque cada cual sus conclusiones. Pero creo que, en esta cuestión de la libertad educativa, como en otras que afectan a principios y valores culturales esenciales, podemos tener una esperanza real de que el debate se abra paso y salgamos, por fin, del oscuro túnel de la “unanimidad” y la corrección política.

Jaime Urcelay

(Publicado en Actuall, el 16/01/2019)

(Foto: EFE/Emilio Naranjo)

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