Todos estamos a favor de una educación que promueva las virtudes necesarias para la vida honesta y la cohesión social, sobre todo en unos tiempos en los que a un amplio sector de jóvenes le faltan referencias claras, la autoridad de los padres y los profesores es cuestionada y la convivencia se hace en ocasiones difícil.

Nadie se opone tampoco a que nuestros hijos conozcan las declaraciones de derechos humanos y la Constitución española, cosa que, dicho sea de paso, ya ocurre a través de asignaturas como Ciencias Sociales.

¿Por qué entonces la inacabable controversia en torno a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC), impuestas sin consenso por la LOE de 2006. ¿Por qué un buen número de familias sigue sosteniendo  -con un compromiso ético y cívico que algún día será reconocido-  la objeción de conciencia a estas materias casi seis años después?

La respuesta es clara: porque la “promoción de la ciudadanía democrática” que el Gobierno decía buscar con esta asignatura no puede servir de coartada para invadir el derecho y la responsabilidad que los padres tenemos para educar a nuestros hijos según nuestras propias convicciones. Y estas asignaturas atentan contra ese derecho de una manera evidente, a diferencia de lo que ocurre con los modelos europeos en los que, falsamente, dice inspirarse, tal y como ya ha sido denunciado en diferentes foros internacionales.

La educación moral de los niños y jóvenes es un tema muy importante y delicado en el que somos los padres los que tenemos que decidir lo que, en conciencia, pensamos que es mejor para nuestros hijos. Ningún Gobierno tiene derecho a imponer a través de la enseñanza obligatoria su propia ideología, salvo que quiera parecerse a esos Estados totalitarios que pretendieron educar políticamente a los jóvenes para perpetuarse en el Poder.

Además, la doctrina moral en la que se inspiran las mencionadas materias es incompatible con las convicciones de una parte muy importante de la población española. Temas que forman parte del currículo obligatorio de EpC como “la condición humana”, “la identidad personal”, “la educación afectivo-emocional” o “la construcción de la conciencia moral”, son abordados desde un planteamiento ético basado en el relativismo, en el que la verdad, el bien y el mal ni siquiera aparecen nombrados. Unos contenidos para los que el último referente ético es el consenso y lo que la legislación reconozca en cada momento y donde el hecho religioso y la trascendencia no tienen ningún espacio, a pesar de ser la base de la ética de la mayoría de los españoles.

Unos contenidos, también, que renuncian a la importancia de la inteligencia y la voluntad en la educación. Que prescinden, de plano, del valor del esfuerzo y el trabajo. Un currículo en el que lo fundamental es un vago y lánguido emotivismo que lleva a decir, literalmente, que hay que enseñar a cada alumno a construirse su conciencia moral en base a las “relaciones afectivas con el entorno”. ¿Es así como vamos a solucionar los problemas de convivencia en los centros escolares y a atajar la violencia que en algunos lugares se presenta? ¿Son éstas las referencias morales que los jóvenes españoles necesitan para una vida plena como personas y como ciudadanos?

La cuestión, como puede verse, es grave y de poco han servido al Gobierno que ahora se despide las tácticas para presentar estas materias como una exigencia de de la Unión Europea.

Más de seis años de denuncias en los medios, 54.000 objeciones de conciencia y una larga y compleja controversia judicial  -que dividió hasta al propio Tribunal Supremo- han demostrado sobradamente que EpC, tal y como ha sido desarrollada en España, obedece a un propósito de conformar la mentalidad y las conductas de nuestros hijos según una moral de Estado que no es neutral.

Resulta por eso importante que los ciudadanos que apreciamos el valor de la libertad no perdamos la conciencia de la anomalía que significa la imposición de la “Educación para la Ciudadanía” y que, cada uno desde su responsabilidad, contribuyamos a su eliminación.

Casi 400 demandas en el Tribunal de Estrasburgo y los recursos de amparo admitidos a trámite en nuestro Tribunal Constitucional, esperan que la Justicia ponga final a este conflicto y restituya el equilibrio perdido.

Un nuevo Gobierno del PP no puede tampoco eludir esta responsabilidad. Están en juego la libertad de conciencia en la escuela, el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y los límites del Estado.

Jaime Urcelay

[Artículo publicado en La Razón Histórica. Revista hispanoamericana de Historia de las Ideas. Nº 16, septiembre-diciembre 2011].